Actualizado el sábado 14 de junio de 2008. Antes que tocar a PEMEX se tiene que hacer una reforma fiscal para desgravarla, recaudar adecuadamente para no cargarle la mano a PEMEX, y reorientar la ganancia petrolera a educación, desarrollo tecnológico e investigación de fuentes de energía alterna.... sí, sí, ya sé que es una carta a los Santos Reyes, mi Traveller, pero por lo menos hay que saberlo para detectar cuando hay de veras una reforma o si solo quieren darnos gato por liebre, atole con el dedo, o IP por República...
Este fue al artículo que me tocó ilustrar para
El Chamuco.
Tengo ya internet, pero es el servicio BAM de IUSACELL...
una reverenda mierda, no lo compren, y menos si tienen Mac.
Las negritas y la jerarquización por tamaños son mías.
Abril 11, 2008.
El Chamuco:Por Carlos Fernández-Vega
Entre tantos tesoros y cuentos de hadas que el país almacena, existe un par que casi nadie impugna, que pocos conocen y que sólo un grupúsculo goza y explota plenamente, a costillas, claro es, de los millones de mexicanos que pagan por ese privilegio, aunque el paraíso no les pertenezca.
No se trata del “tesoro enterrado en el fondo del mar”. Mucho menos del cuento de hadas que nos regala la más reciente iniciativa de “reforma” que, siempre sí, envió el inquilino de Los Pinos al Congreso, por medio de la cual se podrá, entre tantas otras cosas y más allá de cederle el tesorito al capital extranjero, “enterrar la pobreza extrema”, según sesuda conclusión del michoacano.
En realidad se trata del riquísimo
tesoro fiscal que el gobierno federal regala, un año sí y el otro también, a los grandes grupos empresariales del país (nacionales y extranjeros) y del cuento de hadas, corregido y aumentado anualmente,
que significa la evasión, elusión y
los privilegios fiscales asociados a las voluminosas fortunas que acumula una minoría entre la minoría en este país de hambre y pobreza, y que a estas alturas es dueña de lo que algún ocioso ha llamado
México, Sociedad Anónima.
En nombre del progreso, la equidad y la justicia social, año tras año el gobierno federal blande su machete fiscal y lo apunta a la cabeza de millones de contribuyentes cautivos, a quienes, de por sí exprimidos, amenaza con nuevos impuestos, el aumento de los existentes o ambos. Todo “por el bien del país”. Tradicionalmente, de la amenaza pasa a la acción, mientras aquel grupúsculo evade, elude y/o defrauda al fisco, al tiempo que mantiene los privilegios impositivos que gentilmente les ha obsequiado el gobierno federal, mientras la autoridad recaudatoria no sólo lo permite, sino que lo estimula. Así, lo que para muy pocos es un tesoro y un cuento de hadas, para millones resulta un saqueo y una historia de terror.
Unos cuantos gozan, otros muchos pagan y la nación, toda e irremediablemente, pierde.
Es tradicional la cantaleta gubernamental, cada vez más enfática, de que
“no hay dinero para atender las necesidades sociales”, que el erario reporta alarmantes signos de inanición, que México ocupa la última posición entre los países de la OCDE en lo que a recaudación se refiere, y que, en fin, es menester aumentar impuestos, inventar otros y retomar experiencias fallidas para fortalecer, dicen, las finanzas públicas.
Con esta música de fondo,
los últimos cinco gobiernos, por llamarles de alguna manera,
desmantelaron la infraestructura productiva del Estado; privatizaron prácticamente todo; abrieron las puertas de par en par al capital extranjero, y mucho más, para que 25 años después la canción de moda sea la misma:
“no hay dinero para atender las necesidades sociales”, por lo que es necesario cobrar nuevos impuestos, aumentar los existentes o ambos, amén de vender al capital privado lo poco que queda, como la industria petrolera nacional. Esta es la historia de terror.
En cambio, el cuento de hadas es diametralmente distinto, siempre va de la mano del tesoro e inevitablemente los beneficiarios son exactamente los mismos, en todos los casos: desde los subsidios cambiarios, pasando por el Fobaproa, hasta las devaluaciones (con aviso oportuno) y/o el saqueo de los Tesobonos, por citar sólo unos pocos ejemplos.
Así, van algunas pinceladas del tesoro y su cuenta de hadas, ambos para uso exclusivo de los exclusivos de este país, que no es lo mismo que los excluidos:
1. Tan sólo en sus dos primeros años de estancia en Los Pinos, y dado que en los planes de Felipe Calderón no está modificar los privilegios fiscales imperantes,
el erario dejará de percibir alrededor de un billón 200 mil millones de pesos por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios, créditos fiscales, tratamientos y regímenes especiales, en su mayoría autorizados en beneficio de los grandes grupos empresariales que operan en el país.
Sólo por dicho concepto (el del rosario de excepciones fiscales y regímenes especiales),
de 2007 a 2012 el erario dejaría de recaudar 3.4 billones de pesos, o lo que es lo mismo, casi 300 mil millones de dólares, o si se prefiere
50 mil millones de dólares anuales de inversión pública para Pemex, si se recaudaran.
Si a la anterior proyección se agrega lo que el erario dejó de percibir en el fabuloso sexenio del “cambio” por el mismo concepto, entonces el déficit de infraestructura sería cosa del pasado y/o producto de un mal sueño, porque en ese periodo alrededor de 3 billones de pesos no ingresaron a las arcas nacionales, con los que
Pemex pudo convertirse en la primera petrolera del mundo, sin necesidad de “hacerse acompañar”, como resalta el discurso oficial, de trasnacionales.En total 6.4 billones de pesos en dos sexenios consecutivos (más lo acumulado en el priato), un monto no sólo escalofriante, sino un atentado a la nación. A precios actuales, esa cifra equivale a cerca del 70 por ciento PIB. ¿Dónde quedó ese dinero? En las arcas nacionales no; tampoco en la inversión privada interna, mucho menos en la generación de empleo, es decir en los renglones que supuestamente “justifican” las exenciones, subsidios, regímenes especiales y conexos que gozan los grandes grupos empresariales que operan en el país.
En el primer bienio de estancia en Los Pinos, el segundo inquilino panista permitirá que el erario deje de recaudar 613 mil millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (como parte del citado rosario), un monto más que suficiente para actualizar y modernizar las instalaciones, la tecnología y la investigación petroleras. Lo peor del caso es que el problema se agudiza (el beneficio se amplia, dirán los otros), porque el presupuesto de gastos fiscales crece año tras año. En 2007, por este concepto la pérdida fue 76 por ciento superior a la de, por ejemplo, 2002, y en 2008 la diferencia aumentará a 83.5 por ciento.
2. La Auditoria Superior de la Federación (Cuenta Pública 2005) descubrió que los créditos fiscales no sólo son voluminosos, sino en su mayoría irrecuperables o están en litigio; de 2001 a 2005, el saldo en este renglón pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal; 298 deudores acumularon 20 mil 717 créditos fiscales; se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno, 6 con más de 300 y uno solo con mil 453.
¿Beneficiarios? Entre otros, 3 bancos trasnacionales, 14 empresas constructoras, 11ingenios azucareros, 2 empresas de transporte, 4 clubes de fútbol, una compañía editorial, un partido político y 2 cadenas de televisión (adivinen cuáles). Y lo mejor del caso: se detectaron contribuyentes con créditos fiscales que en 2005 obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT. Así, el 0.04 por ciento de los deudores, con el uno por ciento del número total de créditos fiscales en 2005, dieron cuenta del 48.3 por ciento del adeudo total (49 centavos de cada peso).
¿Cómo reaccionó el gobierno calderonista a esta historia de terror? Con un cuento de hadas y su respectivo tesoro: publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación que autorizó la “condonación total o parcial de los créditos fiscales”, los citados 500 mil millones de pesos, algo así como el 7 por ciento del PIB, el ingreso anual de millones de mexicanos, Pemex modernizado con recursos públicos o, si se prefiere, casi la fortuna íntegra de Carlos Slim.
3. El Banco Interamericano de Desarrollo reportó que
“las estimaciones realizadas en México indican que el capital muerto (aquel no declarado ni benéfico, socialmente, para el país) acumulado en empresas extralegales y propiedades inmobiliarias no registradas asciende a 597 mil 200 millones de dólares”, monto equivalente a 62 veces la asistencia oficial para el desarrollo recibida por el país entre 1960 y 2003, casi 9 tantos las reservas internacionales, o la inversión extranjera directa acumulada en el periodo 1979-2003 multiplicada por tres”.
Al consolidar los resultados obtenidos, el BID concluye que 91.1 por ciento de los negocios pertenecientes al universo analizado (existen 12 millones de empresas en el país, pero el número considerado para calcular este porcentaje incluye sólo las 9 millones de empresas no agropecuarias del sector privado urbano y rural) deben ser clasificados como extralegales, esto es, de
8.2 millones de negocios que por obvias razones no pagan impuestos.
Una significativa proporción de empresas en México no cumple con las regulaciones establecidas para su operación legal; 68.5 por ciento de ellas no están registradas ante la autoridad competente bajo un nombre o razón social.
Como resultado, no existen legalmente, situación que restringe severamente sus posibilidades de incrementar su rentabilidad, productividad y competitividad, y paralelamente cumplir sus obligaciones fiscales y laborales.
El total del “capital muerto” (empresarial y predial) definido en el análisis de la citada institución se distribuyó así, al cierre de 2005:
alrededor de 8.2 millones de empresas extralegales, no agropecuarias del sector privado urbano y rural,
que poseen alrededor de 50 mil millones de dólares en activos fijos; aproximadamente
13.2 millones de predios urbanos extralegales, que representan 53.2 por ciento del total de predios urbanos de México, con un valor estimado en 265 mil 700 millones de dólares;
cerca de 138.7 millones de hectáreas de tierras rurales clasificadas como extralegales, que representan el
70.6 por ciento de la superficie total de México (195.6 millones de hectáreas) y cuyo valor se aproxima a
281 mil 400 millones de dólares.
Pero “no hay dinero”.
